EL RIEGO COMO OPORTUNIDAD PARA EL PAIS.

“El riego es una tecnología como tantas otras, y como tal, para poder aumentar su adopción, sus aplicaciones y usos deben generar impactos positivos al tiempo de ser eficientes y rentables.”

Se ha presentado por parte del gobierno una propuesta para promover la adopción del riego
en los sistemas agropecuarios mediante un grupo ejecutivo de trabajo que reportará a un
comité interministerial encabezado por el Presidencia de la República.
Esto significaría la continuidad de acciones que el Estado ha venido llevando a cabo desde
mucho tiempo atrás con diversas iniciativas. Puede afirmarse que existe conocimiento y
recursos humanos para la elaboración de proyectos y obras, al menos del tamaño que
nuestro país necesita, aunque eso no significa que sería muy positivo hubiera mucha más
capacitación a todo nivel del tema.
Si bien con diferentes objetivos y resultados alcanzados, no se puede decir que la iniciativa
sea desconocida en el país, pero debe saludarse que esta propuesta haya recibido el
acuerdo de amplios sectores de la sociedad, consistente apoyo desde lo discursivo y escaso
“fuego amigo” de parte de organizaciones políticas o sindicales (como sí tuvo la “Ley de
Riego” que ahora se invoca como la piedra fundamental que en forma virtuosa resolverá
todas las iniciativas que se produzcan en este tema).
En apariencia, los enunciados parecen muy centrados en propuestas del Estado hacia los
productores. El desarrollo del riego como motor del cambio posible en amplias zonas del
país, en sistemas productivos diversos y su contribución al bienestar general sostenible,
requiere que las iniciativas comiencen en los productores a los que se debe brindar las
mejores condiciones posibles. No menos importante es que los apoyos -si son necesariosdeben tener objetivos claros, metas definidas, evaluación permanente y plazos acotados.
El riego suplementario busca intervenir en los procesos productivos mitigando los déficits de
agua mediante diversos mecanismos. Cuando la disponibilidad del agua está asegurada mediante un diseño de obras y equipos adecuado, los planteos vegetales buscan el mayor
potencial posible complementando una agricultura de precisión. Esto permite alcanzar
rendimientos muy altos y estables, los cuales -por otra parte- son indispensables para
enfrentar el repago de las inversiones involucradas.
El riego es una tecnología como tantas otras, y como tal, para poder aumentar su adopción,
sus aplicaciones y usos deben generar impactos positivos al tiempo de ser eficientes y
rentables. Para que un productor agropecuario adopte la tecnología del riego tiene que saber
qué impacto positivo y qué margen económico le va a permitir su adopción. Hoy existe
suficiente evidencia y conocimiento para afirmar que se trata de una práctica rentable y
sustentable. Esto debería producir iniciativas por parte de los empresarios más allá de los
enunciados oficiales.
Sin perjuicio de lo anterior, debe quedar claro que no es esperable que la práctica se
extienda sobre todo el país. Por diferentes motivos (localización de los predios, servicios
disponibles, entre ellos la energía eléctrica, aptitud agrícola de los establecimientos, cercanía
a puertos, etc.) el riego se trata de un traje a medida para cada región, localidad, sistema
productivo y tipo de productor. No valorar esto adecuadamente seguirá anulando el
agregado de valor posible de esta tecnología y desaprovechando recursos escasos. Esto
refuerza la necesidad de desarrollar sistemas de riego eficientes con total inserción en los
sistemas de producción y para empresarios que lleven adelante las mejores prácticas
agrícolas.
Como ya se dijo, no se puede decir que iniciativas “en materia de riego” sean desconocidas
en el país, pero la “Ley de Riego” ahora se invoca como la piedra filosofal que en forma
virtuosa resolverá todas las iniciativas que se produzcan en este tema.
De esta Ley, uno de los puntos a reglamentar es el tema de los caudales ambientales sobre
los cursos de agua permanentes, aspecto de discutibles argumentaciones técnicas y que no está exento de matices ideológicos, para el que aún no existe acuerdo en el Ministerio de
Ambiente. En todo caso, el embalse sobre cursos o cuerpos de agua permanentes tiene
muy baja probabilidad de ocurrencia.
Otro bastante controvertido es el referente a la posibilidad de beneficiar con exoneraciones
impositivas a empresas fuera del agro que operen sistemas de riego. Este tema parece
desactualizado en cuanto ya hay ejemplos de agentes no agropecuarios actuando en
empresas con riego bajo la forma de fideicomisos financieros y, sin duda, haciendo uso de
exenciones tributarias. Por otra parte, la inserción de un agente para la gestión del agua, u
operador de riego, eventualmente con interés en la ejecución de obras y de rescate de las
inversiones mediante costos del agua (que inevitablemente agregarían utilidades al estricto
costo fijo de amortización de las obras) se presenta como un “antagonista” en el sistema,
guiado por la recuperación del capital antes que por la participación en el riego de cultivos y
su resultado esperable. Es difícil superar esta dualidad. Las modelaciones realizadas para el
Estudio de Cuencas en el caso del Río San Salvador no eran optimistas en encontrar un
punto en común entre el precio del insumo y lo que el productor estaría dispuesto a pagar.
En todo caso los operadores de riego tendrían que participar del riesgo de la producción,
junto a los productores y empresas. De no ser así no se ve con claridad el resultado de esta
modalidad. Más allá de lo anterior, en el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley
en general tampoco se ha advertido mayor interés por los particulares en este asunto.
Merece destacarse que la gestión de obras de captación y embalse de agua para riego por
parte de comisiones de usuarios es ampliamente conocida en el país (v.g. Represa
“Corrales”
, Represa de India Muerta, etc.) Las nuevas posibilidades de comando y control a
distancia ofrecen condiciones que reducen al mínimo la importancia de una gestión radicada
en un operador. Más allá de su importancia, muchos productores agropecuarios que no
tienen renta no obtienen incentivos fiscales y todos aquellos productores que tributan por
IMEBA (mayoría de ganaderos y lecheros) tampoco accedan a los mismos. Gran parte de
estas 70 mil hectáreas son productores medianos a grandes, así como algunos fideicomisos.

A su vez, gran parte de la agricultura del Uruguay se hace por agricultores que arriesgan en
campos de terceros, con rentas altas y contratos cortos, lo que también dificulta mucho la
inversión en obras de infraestructura. Algo similar sucede en la lechería. Sería muy
importante ampliar los incentivos fiscales a un espectro mayor de empresas o pensar otras
formas de promoción que levanten las restricciones de agua para la producción.
Como ejemplo, consideramos la Ley de Riego y Drenaje de Chile que tiene 40 años de
éxitos y fue votada por unanimidad en su Parlamento, lo cual es una clara muestra de su
adecuado funcionamiento. En Chile se realizan convocatorias dirigidas a presentación de
proyectos de riego y drenaje, para que compitan por recursos previamente definidos por
el Estado. Este solo aporta el dinero luego de que la empresa o productor ya está regando
en su campo, garantizando el éxito del proyecto, liberando recursos bancarios para el repago
de las obras.
Quedó firmado al final de la Administración pasada un Convenio de Cooperación entre
Uruguay y Chile por parte de los Ministros de Agricultura de Chile y Uruguay, Esteban
Valenzuela y Fernando Mattos respectivamente Según nuestro conocimiento, en el primer
viaje de la nueva administración del MGAP al exterior este tema no formó parte de la
agenda.
Quizás sea un olvido o una decisión circunstancial, pero está claro que el país se construye
con los ladrillos que pusieron, prepararon o planearon quienes nos antecedieron. Otra cosa,
sería reinventar permanentemente para no avanzar.

Ing. Martin Mattos
Ingeniero Agrónomo – UdelaR
Ex-Director de Recursos Naturales del MGAP