“Lo que antes era un ámbito casi exclusivo de la militancia juvenil o de comunicación informal, hoy se ha convertido en un escenario clave de disputa simbólica, construcción de identidad y, sobre todo, performatividad política.”

El comportamiento de nuestros políticos en las redes sociales es una de las
transformaciones más significativas del ecosistema político en los últimos años. Lo que antes
era un ámbito casi exclusivo de la militancia juvenil o de comunicación informal, hoy se ha
convertido en un escenario clave de disputa simbólica, construcción de identidad, y sobre
todo, performatividad política.
Frecuentemente, vemos que algunos políticos están desplazando su rol representativo hacia
una lógica de “rendimiento” mediático. No se prioriza tanto el contenido de fondo, sino la
capacidad de generar impacto de forma rápida ya sea una frase viral o un posteo polémico.
Este fenómeno, que Guy Debord habría leído como una forma avanzada de la “sociedad del
espectáculo”
, transforma al político en un productor de contenido más, en un mercado
saturado de estímulos.
Según un reciente estudio de la ORT, casi el 70% de los encuestados afirmó que las redes
sociales son su plataforma predilecta para recibir información, lo que confirma el
desplazamiento de los canales tradicionales hacia entornos digitales. Esta lógica se ve
especialmente reforzada en las nuevas generaciones, ya que es el lugar donde se informan,
opinan y se vinculan políticamente.
Su formato predilecto son los videos cortos, cargados de estímulos visuales y emocionales,
lo cual plantea un desafío adicional para los actores políticos, esto es, la necesidad de
adaptar sus mensajes a ritmos y códigos que priorizan la inmediatez y la identidad personal
sobre la deliberación. Esta nueva audiencia exige autenticidad, pero consume contenidos en
marcos que muchas veces no favorecen la complejidad del debate público.
Como consecuencia de esta transformación, podemos observar un notorio declive en la calidad del discurso político. La lógica algorítmica de las redes, que premia la viralidad por
encima de la argumentación, empuja a los actores políticos a simplificar sus mensajes,
privilegiar lo emocional sobre lo racional, y reducir posiciones complejas a consignas
fácilmente compartibles. De este modo, el modelo de persuasión racional y ético queda
subordinado a una lógica de estímulo-reacción que empobrece el debate democrático.
Aristóteles, estableció que todo discurso persuasivo se sustenta en tres elementos
fundamentales: ethos, la credibilidad del emisor del discurso; logos, el componente racional
del argumento; y pathos, la apelación de las emociones de la audiencia. Para este filósofo,
los discursos más efectivos (y éticamente sólidos) son aquellos que logran articular estos
tres componentes en equilibrio. Sin embargo, en el marco comunicativo actual, marcado por
esta lógica algorítmica de las redes sociales, este equilibrio se ve profundamente alterado.
Las plataformas digitales, diseñadas para maximizar la atención y la interacción, privilegian
claramente el pathos por encima del logos, ya que los contenidos que generan respuestas
emocionales inmediatas (tales como la risa, miedo, indignación, enojo, entre otras), tienden
a volverse virales con mayor facilidad.
Incluso el ethos se ve igualmente afectado. Tradicionalmente, la credibilidad se construía
sobre la base de la integridad personal, la coherencia ética y la competencia argumentativa
del emisor. Sin embargo, en la era de las redes sociales y la lógica de la sobreexposición, el
ethos tiende a medirse por visibilidad, la capacidad de generar atención, y en numerosos
casos, por el carisma o la espectacularidad del discurso, más que por su contenido o
solidez. Cada vez, con mayor frecuencia, la legitimidad pública de ciertos actores políticos,
se sostiene más por su presencia en plataformas digitales o en la viralidad de sus
intervenciones, que por su trayectoria, formación o consistencia ideológica. Esta lógica
refuerza perfiles que se adaptan bien al formato de performance, pero debilita a quienes
intentan sostener posturas complejas o invitan a la reflexión crítica.

A este problema, se le suma la hiperpersonalización de la política. En lugar de utilizar las
redes como espacios de deliberación o rendición de cuentas (lo que sería deseable en una
democracia deliberativa en sentido habermasiano), muchos actores políticos uruguayos
utilizan las plataformas como vitrinas personalistas. Esto genera una narrativa centrada en el
“yo político” en detrimento del “nosotros democrático”.
Esta tendencia es profundamente problemática para la calidad democrática, cuando el
liderazgo se personaliza en exceso, se corre el riesgo de erosionar las instituciones, debilitar
los partidos políticos y reducir la política a una relación afectiva y simbólica entre el
electorado y el sujeto político, con consecuencias graves para la estabilidad y la
gobernabilidad.
Podemos observar varios ejemplos en la región. En Argentina, la personalización del
liderazgo ha sido una constante, pero el caso más reciente de fuerte concentración en la
figura presidencial, ha generado tensiones significativas, pero especialmente ha reducido la
calidad del debate político. Otro caso paradigmático ocurre en El Salvador, cuyo presidente
construyó una estrategia comunicacional basada en un uso intensivo y directo en las redes
sociales. Un líder muy visible y carismático, su presencia constante en las redes permite
comunicarse directamente con su base electoral, saltándose muchas veces los canales
institucionales tradicionales. Si bien esta táctica es efectiva para la consolidación de apoyos,
también ha generado preocupación entre expertos internacionales por el debilitamiento de
los contrapesos democráticos y la concentración de poder.
De este modo, la política se transforma en una suerte de espectáculo emocional donde la
autenticidad se mide en términos de cercanía y carisma, pero la capacidad para debatir
ideas complejas, plantear situaciones integrales y fomentar la deliberación pública queda
relegada a un segundo plano. Este fenómeno no sólo empobrece el componente
deliberativo, también expone a la ciudadanía a riesgos como la manipulación y la
polarización exacerbada.

Este último punto es importante, se promueve una comunicación que no busca persuadir,
sino reafirmar identidades. En este marco, los discursos se vuelven más extremos, más
polarizantes, porque eso garantiza visibilidad, se alimentan de las redes sociales ya que los
contenidos ofrecen respuestas claras, identidades definidas y emociones fuertes, lo que
facilita su viralización. Basta observar las cuentas de algunas figuras públicas donde los
contenidos más viralizados tienden a ser irónicos, provocadores o reactivos, antes que
propositivos. Se prioriza el post ingenioso sobre la explicación de una ley o el reel polémico
sobre una propuesta económica.
Cuando el discurso político se fragmenta y se adapta a algoritmos que segmentan y
personalizan la información, la ciudadanía queda atrapada en burbujas que refuerzan
prejuicios y polarizan opiniones, y a su vez, esta incitación al extremismo dificulta la
formación de consensos. Lo advirtió el codirector de The Great Hack, Karim Amer, tras el
escándalo de Cambridge Analytica: “Es posible que nunca volveremos a tener elecciones
justas y libres sin una reforma digital”. Esto refleja una profunda preocupación sobre cómo el
uso indebido de tecnologías digitales puede comprometer la integridad de los procesos
democráticos.
En este contexto, surge también la noción de falsa transparencia, una estrategia donde los
actores políticos utilizan las redes sociales para proyectar una imagen de cercanía, apertura
y compromiso democrático. Esto lo hacen a través de la sobreexposición de sus vidas
cotidianas (el mate, el perro, el gimnasio), como sustituto de rendición de cuentas real. Pero
mostrar no es lo mismo que transparentar e informar no es lo mismo que comunicar. Estos
excesos de visibilidad y aparente disponibilidad generan la ilusión de un acceso directo y sin
filtros a la gestión pública, cuando en realidad muchas veces se limita a un espectáculo
cuidadosamente controlado y diseñado para mantener una narrativa favorable. Esa estética
de la cercanía puede ser seductora, pero también peligrosa ya que normaliza una política sin
control institucional, nuevamente basada en emociones antes que en compromisos
verificables.

Evidentemente, esta dinámica superficial tiene un impacto directo en la ciudadanía. Aunque
las redes sociales democratizan el acceso a la palabra y permiten un contexto más directo
con los actores políticos, también terminan reduciendo la política a un ruido constante de
fondo, donde los mensajes se fragmentan y pierden profundidad. Ya vimos cómo los
algoritmos limitan el acceso a información diversa y compleja, transformando la política en
un reality permanente, donde prima el espectáculo sobre la sustancia. Como resultado, la
desafección política se profundiza, podemos observarlo a nivel global, la ciudadanía cada
vez se vuelve más escéptica y apática, pero a la vez más reactiva y susceptible a estímulos
emocionales intensos, lo que dificulta la construcción de un debate público informado y
reflexivo.
Nos enfrentamos a un problema complejo de regular, y es fundamental reconocer desde el
inicio que las redes sociales no son espacios públicos en sentido jurídico, sino plataformas
privadas que operan con lógicas comerciales. Es decir, la democracia se está ejerciendo,
cada vez más, en escenarios que no fueron diseñados para ella. Y esto genera una tensión
estructural.
Dado que las redes sociales son espacios privados con intereses comerciales que
difícilmente serán regulados de forma estricta (al menos a corto plazo), las políticas públicas
deben enfocarse en empoderar a la ciudadanía y fortalecer las instituciones democráticas
para adaptarse a este nuevo ecosistema. Esto implica impulsar la alfabetización digital y
mediática para que la ciudadanía desarrolle habilidades críticas frente a la abundancia de
información y manipulación emocional. Asimismo, es vital fomentar la creación y
consolidación de plataformas digitales públicas que sirvan como espacios de deliberación
auténticas, alejadas de las lógicas del espectáculo y la viralidad.
Por otro lado, es necesario promover códigos de conducta y transparencia voluntaria entre
actores políticos, incentivando mensajes más responsables y orientados al debate
sustantivo. Nuestro país ha sido históricamente ejemplar en acuerdos interpartidarios que resguardan las reglas del juego democrático, y hoy se vuelve urgente trasladar ese espíritu a
las plataformas digitales.
En Uruguay, ya se dio un primer paso importante en esta dirección en 2024 tras la
ratificación del “Pacto Ético del Sistema Político Uruguayo Contra la Desinformación”
, un
compromiso firmado por primera vez durante la campaña electoral de 2019. Este acuerdo,
suscrito por todos los partidos con representación parlamentaria, se centra en combatir la
propagación de campañas con contenido engañoso y promover prácticas respetuosas en las
redes sociales. La iniciativa cuenta con el apoyo de la UNESCO, en el marco de su
programa global de lucha contra la desinformación. Esta incluye el respaldo a tareas de
monitoreo y verificación de datos por parte de periodistas y fact-checkers, así como el
impulso de investigaciones sobre el impacto de la desinformación en procesos electorales.
También se han impulsado otras iniciativas en busca de regular el uso de las redes sociales
en el ámbito político. Entre ellas, el proyecto de ley impulsado por el senador Heber (PN), el
cual propone sancionar con multas o trabajo comunitario los insultos, agravios y la difusión
de información falsa en estas plataformas. Por otro lado, el exfiscal de Corte, Jorge Díaz, ha
planteado que los legisladores pierdan inmunidad civil y penal por sus declaraciones en las
redes sociales, equiparándolos a cualquier ciudadano. Además, el diputado Juan Moreno
(PC) presentó un proyecto para tipificar como faltas la violencia verbal en redes,
sancionando conductas como insultos, discriminación o amenazas con penas leves.
Sin embargo, estas iniciativas se centran en sancionar los contenidos negativos o agresivos
sin abordar la raíz del problema: la lógica performativa y efímera que privilegia el impacto
inmediato sobre la profundidad de la deliberación política. Sin políticas complementarias que
fomenten el debate informado y la transparencia, estas medidas corren el riesgo de reforzar
el clima de autocensura y discursos políticamente seguros, mientras la calidad del diálogo se
continúa erosionando. Por tanto, este tipo de regulación, podría incluso terminar siendo un
parche insuficiente para un desafío mucho más profundo.

El desafío regulatorio debe equilibrar con delicadeza la protección del debate democrático y
el respeto irrestricto a la libertad de expresión. Cualquier intento de control debe evitar caer
en la censura o la limitación arbitraria de voces, como suele suceder en algunas plataformas
privadas. Por tanto, las políticas públicas deben orientarse a crear condiciones para un
diálogo informado y plural, más que imponer prohibiciones estrictas, reconociendo que la
regulación efectiva requiere una ética de compromiso colectivo y la cooperación entre el
Estado, la sociedad civil y los actores digitales.
En el contexto uruguayo, donde la política aún goza de una confianza social relativamente
sólida, y donde la tradición del diálogo interpartidario ha sido históricamente alta, sería
imperdonable importar acríticamente las prácticas tóxicas que han dinamitado la
conversación pública en otros países. Lo que comienza como un posteo provocativo, termina
muchas veces habilitando climas de hostilidad que se trasladan a la calle, a los medios y las
propias instituciones. La violencia política no siempre comienza con un golpe, muchas veces
lo hace con una burla, un apodo degradante o una ironía irresponsable lanzada desde un
cargo de poder.
En suma, si la política no logra expresarse con claridad, profundidad y con respeto, corre el
riesgo de perder algo más que las elecciones, perderá su rol como organizadora del conflicto
social en términos civilizados. Las redes pueden ser una herramienta democratizadora o una
máquina de demolición simbólica. Y esa diferencia la marca el modo en que los actores
políticos y la ciudadanía eligen habitar ese espacio.

Eliana Gonzalez San Martin
Licenciada en Ciencia Política – UdelaR

Referencias
(1)https://cristoraul.org/SPANISH/sala-de-lectura/BIBLIOTECATERCERMILENIO/CLASICOS
/ARISTOTELES/Aristoteles-Retorica.pdf
(2)https://www.elobservador.com.uy/nacional/como-se-informan-los-uruguayos-y-que-temasles-interesan-una-encuesta-revela-las-plataformas-mas-usadas-y-otras-preferencias-n60180
60
(3)https://segreader.emol.cl/2020/01/16/A/6A3OAVEE/light?gt=134501
(4)https://www.unesco.org/es/articles/representantes-de-los-partidos-politicos-uruguayos
refuerzan-pacto-etico-contra-la-desinformacion
(5)https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/transparency