Por Michel Daguenet

Uruguay ha construido a lo largo de su historia un Estado presente. La seguridad social, la educación, el sistema de justicia, la salud y la protección social absorben una parte sustantiva de los presupuestos públicos financiados por el esfuerzo colectivo de la sociedad. Hoy en día, el desafío central no pasa por discutir el tamaño del Estado, sino sus capacidades para transformar recursos en resultados. Esto no es tan solo un tema técnico, define la capacidad del país para alcanzar tres objetivos que comparte la enorme mayoría de los ciudadanos: el desarrollo económico, la inclusión social y la confianza democrática.

En estos tiempos donde las encuestas reflejan el malestar de los ciudadanos con las democracias, tanto en Uruguay como en el mundo, impulsar iniciativas que apunten a mejorar la gestión pública es más que nunca necesario. Además, este periodo de gobierno, en que ninguna coalición política tiene mayorías automáticas, ofrece una oportunidad para abordar esta agenda de forma integral y en busca de consensos.

Las debilidades del Estado no son abstractas. Se expresan en incentivos débiles para el desempeño de sus funcionarios, trámites costosos (en tiempo y dinero), compras públicas ineficientes y escasa evaluación de políticas. El resultado no es solo gasto mal asignado sino servicios de peor calidad y menor capacidad del país para resolver sus problemas más importantes. Lo que podemos ver claramente en áreas críticas como la seguridad y la educación.

Debemos entender que la reforma del Estado no puede quedar atada a esfuerzos fragmentados ni a liderazgos pasajeros. Requiere continuidad estratégica y una agenda transversal de reformas. La reforma del Estado no puede ser una suma de experiencias aisladas. Si no cambia reglas, incentivos y capacidades a escala sistémica, su impacto será marginal. No es serio depender de que la autoridad de turno sea buena administradora, se requiere fortalecer las capacidades propias de cada organismo y la información (pertinente en relevancia y oportunidad) a disposición de la ciudadanía para tener un salto de calidad en las políticas públicas.

A modo de ejemplo, estudios de la Oficina Nacional del Servicio Civil muestran que uno de cada tres funcionarios considera que su trabajo no le permite desplegar todo su potencial. Apenas 28% percibe los procesos de ascenso como claros y justos, mientras que más de un tercio cree que los contactos personales o políticos pesan en las promociones. A esto se suma un promedio de casi 31 días anuales de certificaciones médicas, que tiene impactos directos en los servicios públicos. Cualquier organización difícilmente funcione mejor si quienes trabajan en ella no perciben reglas meritocráticas ni encuentran condiciones para rendir más.

En materia digital, Uruguay lidera en gobierno electrónico al compararse con la región, pero aún enfrenta rezagos en la provisión efectiva de servicios en línea. La transformación digital todavía no se traduce plenamente en trámites simples, interoperables y centrados en el ciudadano.

En materia de adquisiciones públicas, los márgenes de mejora son múltiples. Un ejemplo especialmente fácil de visualizar es la práctica, relativamente extendida, de acelerar la ejecución presupuestal en el último trimestre del año. En muchos casos, esto responde al incentivo de evitar la pérdida de créditos no ejecutados, lo que puede derivar en decisiones de gasto apresuradas, menos eficientes e incluso innecesarias hacia el cierre del ejercicio.

A su vez, la evaluación sistemática de políticas públicas es escasa en Uruguay. Es decir, más allá de los esfuerzos meritorios de la academia, o de la existencia de alguna agencia de evaluación específica (como el INEED en educación), las capacidades de evaluación son desiguales entre áreas, limitadas en escala y muchas veces discontinuas. El Registro Nacional de Evaluaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es un ejemplo de esto: carece de visibilidad y las evaluaciones que difunde son en su mayoría sobre programas y políticas de baja relevancia presupuestal.

En el pasado período de gobierno se impulsaron líneas relevantes en estos temas. Algunos ejemplos son la creación de una nueva carrera administrativa para parte de los funcionarios de la Administración Central, rediseños organizacionales en algunos ministerios, la creación de la Agencia Reguladora de Compras Estatales y una cantidad de sistemas de información que permiten la recolección de insumos básicos para impulsar una gestión basada en datos. Son pasos en la dirección correcta. Pero su alcance fue parcial y algunos de estos impulsos hoy se encuentran en suspenso.

Si Uruguay quiere dar un salto de calidad, hay al menos seis frentes de reforma que no puede seguir postergando.

Primero, una gestión humana meritocrática, basada en concursos transparentes de ingreso y

ascenso, evaluaciones de desempeño útiles y no ritualizadas, profesionalización de mandos medios y políticas salariales asociadas al valor público de las funciones, no a discrecionalidades o corporativismos históricos.

Segundo, gestión por resultados y evaluación sistemática de políticas públicas, que permita pasar de presupuestos incrementalistas a compromisos explícitos de productos y resultados medibles.

Tercero, transparencia y control fortalecidos, con información relevante y clara para la ciudadanía, órganos de control robustos y mayores capacidades técnicas a disposición del Parlamento para analizar el impacto de las leyes y las políticas públicas.

Cuarto, un Estado digital centrado en el ciudadano, que complete la digitalización y simplificación de trámites, reduzca costos de cumplimiento y libere tiempo productivo para hogares y empresas.

Quinto, compras públicas inteligentes, con procesos plenamente digitalizados, pagos oportunos a proveedores, uso intensivo de datos y sistemas de alerta temprana.

Sexto, innovación institucional permanente, con incentivos internos para experimentar, medir y escalar soluciones nuevas en las organizaciones públicas.

Nada de lo aquí planteado requiere enormes recursos. Lo que sí requiere es decisión política sostenida. Reformar estos aspectos del funcionamiento del Estado no produce réditos inmediatos, pero construye capacidades que definen el desempeño del país durante años.

Uruguay se caracterizó durante décadas por ofrecer un buen nivel de capital humano e instituciones sólidas. En base a ambos factores, el país creció y logró captar significativas inversiones extranjeras. Hoy en día, son varios países los que se han puesto a la par en cuanto a desarrollo de su capital humano y respeto por las reglas de juego.

Lograr transformar el Estado para que realmente sirva al ciudadano es, probablemente, la reforma estructural más importante de la próxima década.

Sin un Estado con mejores capacidades, el país seguirá destinando recursos crecientes sin garantizar mejores resultados para la ciudadanía. Y mientras eso no cambie, cualquier política pública tendrá un techo demasiado bajo para los desafíos de este tiempo.

Ec. Michel Daguenet

Magíster (c) en Políticas Públicas – UdelaR

Miembro del Consejo de Administracion – CEPP