De la estadística a la acción política
21 mayo, 2026 2026-05-21 17:23De la estadística a la acción política
Por Ec. Antonio Manzi
El síntoma del dato corregido
A fines de abril de 2026 se publicaron los datos de pobreza para el año 2025. Más allá de la polémica generada por la modificación del dato de pobreza multidimensional (IPM) del 2024 (que el INE corrigió del 18,9% al 19,9% mediante una magra nota al pie y un posterior comunicado), el debate público se estancó en la típica discusión metodológica. Se compararon enfoques monetarios y multidimensionales, se analizaron variaciones respecto al año anterior y poco más. Sin embargo, lo que subyace a este “recalculando” del INE no es solo un ajuste de fórmulas; es la necesidad de proteger la credibilidad de nuestra estadística oficial como el cimiento de cualquier política pública seria.
El adormecimiento frente al 30%
Mi impresión es que, como sociedad, estamos adormecidos frente a una realidad que permanece incambiada. Incluso en el área donde existe mayor consenso político, la pobreza infantil, los números son testarudos: aproximadamente un 30% de los menores en Uruguay nacen y crecen en hogares pobres, ya sea medido por ingresos o por carencias multidimensionales. No se trata de una sorpresa estadística; el reciente aumento en las transferencias, aunque bienvenido, ha sido de montos reducidos para mover la aguja del impacto real, y aún no hemos visto medidas de fondo orientadas a los núcleos duros de la multidimensionalidad.
La jerarquía política del dato
Lo que resulta realmente llamativo es la escasa relevancia institucional y jerarquía política que se le otorga a este tema. Mientras el Poder Ejecutivo y el INE despliegan esfuerzos de comunicación para hitos como el Censo Agropecuario o planes para medir la igualdad de género, el Índice de Pobreza Multidimensional, la herramienta que debería guiar la inversión social más crítica del país, se ha despachado casi en soledad.
La ausencia de una presentación conjunta de los ministerios del área social (MIDES, MEF, Educación, Vivienda, etc.) sugiere que el IPM todavía se percibe como un indicador técnico para analistas y no como el tablero de rendición de cuentas que realmente es. Cuando un ajuste de un punto porcentual se comunica como un error de procesamiento de datos, corremos el riesgo de burocratizar el drama y perder el radar del Estado sobre la vulnerabilidad de los hogares.
El espejo de Colombia: El dato como mandato
Como sostuve en mi nota anterior, la estadística no debe ser una construcción para el regocijo de los técnicos, sino una brújula para asignar recursos y responsabilidades. No estamos inventando la rueda: Colombia, pionero en la medición de pobreza multidimensional, implementó durante años una Mesa Transversal para la Reducción de la Pobreza liderada por la propia Presidencia.
Este comité de alto nivel no solo revisaba números; coordinaba a los ministros para que las metas de reducción de pobreza fueran vinculantes. Bajo este modelo, Colombia logró reducir la pobreza multidimensional del 30,4% al 17,0% en siete años. El IPM permite una granularidad tal que identifica no solo los rezagos (educación, informalidad, vivienda, etc.), sino las zonas específicas donde se encuentran los hogares con menores que requerían intervención urgente. Uruguay tiene hoy la oportunidad de replicar este enfoque de “gestión por resultados”.
Del diagnóstico a la respuesta: El riesgo de la fragmentación
El pasado 12 de marzo se reunió por primera vez el Gabinete de Primera Infancia (establecido por la Ley de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolesencia). Las palabras del Ministro de Desarrollo Social fueron claras: “No nos podemos quedar con el diagnóstico, venimos a dar respuestas”. Sin embargo, lo que observamos parece ir en la dirección opuesta.
El reciente informe final del Diálogo Social es un ejemplo de esta desconexión. Tras casi un año de conversatorios y audiencias, el documento presenta diagnósticos y consensos sobre cuestiones en las que, en su mayoría, todos estaríamos de acuerdo, pero carece de una presupuestación o estimación de costos, de una priorización clara y de metas concretas. En un escenario de recursos escasos, si todo es prioritario, nada es prioritario. A esto se suma la reapertura de discusiones previsionales sobre las AFAP y el régimen de jubilaciones, un tema que la ciudadanía ya laudó en las urnas en 2024 y que el propio Poder Ejecutivo ha reafirmado que no pretende modificar estructuralmente por razones de sostenibilidad.
La oportunidad de la Innovación y la IA
¿Qué vamos a hacer, entonces, para mejorar la vida de estos hogares? Lejos de diagnósticos circulares, necesitamos que el IPM sea el control de mando de una política social de precisión. La integración digital y las herramientas de Inteligencia Artificial nos ofrecen hoy una oportunidad histórica para quebrar la fragmentación institucional y mejorar la eficiencia de las políticas sociales, por ejemplo:
- Proactividad: Eliminar trámites burocráticos informando y asignando beneficios automáticamente a los hogares detectados por el sistema, y reducción del problema de “non-take-up”.
- Priorización e integración: Utilizar la integración de sistemas y algoritmos inteligentes para priorizar a los hogares vulnerables con menores en la asignación de servicios públicos, y realizar monitoreo preventivo y personalizado de los riesgos de cada núcleo familiar.
- Monitoreo y evaluación: aprovechar nuevas herramientas para facilitar el monitoreo y la evaluación de los impactos sociales de distintas intervenciones sociales, ya sean públicas o privadas, y fomentar así también innovadores mecanismos de financiamiento basados en resultados, enfoncando los pocos recursos en acciones que funcionan.
- Capacitación y vinculación con el mercado de trabajo: Integrar sistemas para emparejar perfiles laborales con oportunidades reales, facilitando la contratación y desembolso de beneficios fiscales, atacando la informalidad que hoy explica el 13,5% del IPM, así como gran parte de la falta de ingresos.
- Auditoría y detección de fraude en tiempo real: detectar anomalías en la ejecución de programas sociales, asegurando que cada peso llegue al destino correcto.
Uruguay tiene la brújula y tiene la tecnología. Lo que nos falta es la voluntad de sentar a todos los responsables en una misma mesa, con las prioridades claras, con metas transparentes y la valentía de ser evaluados por el impacto real en los hogares.
Ec. Antonio Manzi
Mag. en Administración y Políticas Públicas – King’s College
Ex- Director Nacional de Transferencias y Análisis de Datos – MIDES