Por Alejandro Stipanicic

En Uruguay hay monopolios y regulaciones que asfixian y anulan la posibilidad de aportar nuevos agentes de la sociedad al mercado de bienes y servicios.

Encarar los problemas desde su causa raíz no es lo mismo que poner títulos y sacar bandera con slogans. Por ejemplo, hablar sobre desmonopolizar la importación de combustibles suele ser un titular de acción política que, por un lado, apunta a una concepción liberal de la economía privilegiando la máxima competencia posible, pero, por otro lado, esconde y disimula (a propósito) una cadena de problemas mayores, más profundos, arraigados y que suceden casi en silencio. En Uruguay debemos sacarnos de encima los monopolios pero también los oligopolios y las corporaciones de trabajadores y empresarios que tienen la vaca atada y que asfixian y, para su propio beneficio, condenan a sobrecostos a la sociedad toda.

Si el propósito es de principios, habrá quienes puedan estar en desacuerdo con eliminar el monopolio de ANCAP, pero la realidad del mundo siempre muestra que la competencia es el mejor camino. Ahora bien, si lo que se busca es reducir el precio al público, entonces estamos mirando mal el asunto.

En efecto, el precio de los combustibles en el mercado monopólico de Uruguay tiene tres componentes bien diferentes en sus causas y en sus posibilidades de gestión y que cada uno requiere ser encarado de forma específica:

1) El precio al que produce y vende ANCAP al mercado monopólico, esto es, el precio que paga la distribuidora para venderle a la estación que es la que, finalmente, le vende al consumidor.

2) El costo de la cadena de distribución privada que lleva los combustibles comprados a ANCAP desde sus plantas de distribución hasta las manos del consumidor final.

3) Las tasas e impuestos que cargan los diferentes eslabones de la cadena de valor.

El monopolio legal de ANCAP sólo influye en uno de estos tres componentes y, por la forma en la que se define el precio al que vende ANCAP, es indiferente que exista ese monopolio. Es más, en el período 2021 a 2024 los precios de los combustibles fueron cerca de USD 500 millones más baratos que si se hubieran comprado en el mercado y eso sólo fue posible porque la empresa que vendió esos combustibles es un monopolio estatal y así lo ordenó el Poder Ejecutivo.

El costo de la cadena de distribución (distribuidoras, fleteros y estacioneros) está por fuera del precio que el Poder Ejecutivo le fija a ANCAP cada mes. Este costo y la ganancia asociada están definidos a partir de costos negociados décadas atrás en función de un sistema de regulaciones abrumador y desalentador, que sólo ha promovido que los grandes estacioneros sean cada vez más grandes y que los más pequeños, las PYMES, los negocios familiares, vayan desapareciendo.

El tercer factor es el de las tasas e impuestos. Algunas tasas, tan solo viendo su denominación, son increíbles; los impuestos son los recursos que el Gobierno de turno necesita para enjuagar su déficit estructural al gastar más de lo posible.

Entonces, despejado el factor “monopolio de ANCAP” y asumiendo como inevitable el cobrar impuestos, sólo cabe manejar dos dimensiones: asignar mejor los impuestos y aliviar la carga regulatoria y las tasas que se pagan en la cadena de distribución de privados que actúan entre las plantas de ANCAP y el consumidor final. El precio de los combustibles es, entonces, un problema eminentemente de regulación que alcanza niveles de detalle absurdos y que anula toda posibilidad de competencia por el punto de venta, diferenciación de producto, diferenciación sustancial en los servicios y, fundamentalmente, el escaso incentivo a diferenciarse en precio. Todas las estaciones del país venden exactamente los mismos productos, al precio máximo y en instalaciones que se rigen por las mismas especificaciones.

Pero el tema de los monopolios y las regulaciones no es tan sólo un tema de los combustibles derivados del petróleo, aunque parece más fácil concentrarse en discutir para no resolver nada sobre una vaca sagrada (para algunos) o representación corpórea del diablo (para otros) que es el monopolio de ANCAP. ¿O acaso existen contadores de luz que no sean de UTE? ¿Cualquiera puede montar un generador eléctrico y vender su electricidad a un conjunto de clientes? ¿Qué decir de OSE y del agua potable? ¿Cuánto representa para el Banco de Seguros del Estado el monopolio para la cobertura de accidentes de trabajo? ¿Cuántas empresas de servicios específicos, bajo concesión estatal o no, existen en el puerto de Montevideo? Hasta la llegada del streaming, ¿cuán libre es el acceso a la televisión para abonados? ¿Por qué es más cara la pasta de dientes o la yerba o el jabón de tocador en Rocha o en Artigas que del lado brasilero? ¿Por qué es necesario una habilitación bromatológica en cada intendencia del país?

Esta es la diferencia fundamental en cómo se encara la gestión: los monopolios son malos y no deben existir, pero si por alguna razón hay un monopolio ya sea legal o natural, éste se puede gestionar bien o mal, según quién lo mire. Hay un problema cuando existe captura de renta monopólica en favor de la recaudación de impuestos (como sucede con las tarifas de UTE), o cuando se impone un gravamen a un conjunto de productos de los cuales la sociedad es cautiva (como los impuestos a los combustibles que vende ANCAP) o cuando las regulaciones favorecen el statu quo como en el caso de la distribución de combustibles o perjudican a los generadores privados de electricidad o cuando por la vía de los hechos se obliga a armadores extranjeros a usar una limitada, coordinada y costosa cartera de servicios portuarios o cuando se obliga a todas las empresas del país a contratar el mismo seguro para accidentes de trabajo.

No hay que ser dogmático: pueden existir regulaciones que ordenen de manera justa a los actores de mercado, puede haber un monopolio bien gestionado que aproveche economías de escala y no abuse de su posición frente a los consumidores. Ahora, si las regulaciones imponen sobrecostos a la sociedad o si fomentan concentración de mercado en favor de pocos o si los monopolios son ineficientes como para necesitar capturar renta fuera de la normal para el mercado para cumplir con sus fines, es un tema de quien usa la herramienta. Es como si criticáramos al destornillador porque alguien decidió usarlo para clavar un clavo y se dobló.

Alejandro Stipanicic

Ingeniero Industrial Opción Mecánica por UdelaR

Máster Profesional en Dirección y Administración de Empresas por el IEEM, UM

Presidente de ANCAP 2020-2024