Por Andrés Silva Arancibia. Divulgador tecnológico

Durante años hemos pensado la inteligencia artificial como software: un programa, una aplicación, a lo sumo un servicio que se contrata y se descarga desde un móvil o un ordenador personal. Esa imagen, cómoda y tranquilizadora, ya no es suficiente. Lo que hoy se disputa entre naciones no pasa por algoritmos, sino por cimientos físicos que los sostienen: centros de datos, redes eléctricas, semiconductores, agua para refrigerar y talento para operar. Desde hace un tiempo, la IA ya dejó de ser una herramienta para convertirse en infraestructura, y toda infraestructura crítica termina siendo, a la larga, un asunto de Estado.

El Foro Económico Mundial lo planteó sin preámbulos en abril de 2026: “la infraestructura de IA —antes considerada un bien comercial neutral— es ahora una infraestructura nacional estratégica, comparable en importancia a las redes eléctricas, los puertos o los oleoductos”. El detonante fue brutal. En marzo de este año, ataques con drones por parte de Irán impactaron instalaciones de cómputo de AWS en el Golfo (EAU y Bahréin), y por primera vez en un conflicto militar moderno esos centros de datos —antes vistos como inocuos bienes inmobiliarios comerciales— se volvieron blanco de guerra explícito. Ahora, la nube, descubrimos también puede caer del cielo.

La cifra que mejor deja al descubierto este considerable cambio es la que está relacionada directamente con la energía. Según un análisis preparado para el Departamento de Energía de Estados Unidos por el Laboratorio Lawrence Berkeley, los centros de datos consumieron cerca del 4,4 % de la electricidad nacional en 2023 y podrían escalar a cifras de hasta 6,7 % y 12 % en 2028. La Agencia Internacional de la Energía los describe ya como un factor preponderante en la planificación de los sistemas eléctricos nacionales. Cuando un sector comienza a dictar dónde y cuándo se construye una central energética, su continuidad escapa más allá de ser un problema privado para volverse uno macroeconómico.

Y es que la IA a todas luces, se comporta como una tecnología de propósito general, porque es multiplicador de la economía en su totalidad. Es así como, el Fondo Monetario Internacional estima que podría elevar el PIB global entre 1,3 % y 4 % en la próxima década, con beneficios concentrados precisamente en los países que cuenten con infraestructura digital sólida, capital humano calificado y acceso a cómputo avanzado. Claramente, la diferencia entre liderar o quedar a la zaga en IA no la marcará el entusiasmo de muchos, más bien, será la capacidad instalada que un país exhiba.

Algunos Estados líderes ya tomaron nota de todo esto. Francia, dentro de su plan France 2030, comprometió 109.000 millones de euros para desplegar infraestructura de IA. Canadá lanzó una Estrategia Soberana de Cómputo con 2.000 millones de dólares canadienses para construir supercómputo público y resguardar con rigurosidad sus datos. El Reino Unido designó en 2024 a los centros de datos como Infraestructura Nacional Crítica, y la Unión Europea los incorporó a sus obligaciones de resiliencia y ciberseguridad. La pregunta de fondo, otra vez, no es técnica sino política: ¿En qué manos está ese poder y hacia qué fines se orienta?

Conviene evitar la dulce tentación del aislamiento. Un informe de Bain & Company y del propio Foro Económico Mundial advierte que la ventaja real no se origina de la autosuficiencia total —una meta inalcanzable—, más bien nace de la capacidad de gobernar y coordinar de manera efectiva los ecosistemas digitales, lo que lleva a: diversificar riesgos, garantizar interoperabilidad y proteger los datos bajo marcos legales propios. En consecuencia, soberanía no es levantar murallas, más bien es decidir las reglas dentro de casa.

Para América Latina, el desafío es a la vez urgente y esperanzador. El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025, de la CEPAL y el CENIA chileno, revela una dependencia incómoda: Brasil concentra más del 90 % de la capacidad regional de supercómputo, y más de la mitad de los países carece de infraestructura de alto rendimiento. Sin embargo, la región posee un activo que otros países del hemisferio norte envidian: matrices eléctricas limpias —el sol del norte de Chile, la hidroelectricidad brasileña, el viento argentino— capaces de atraer centros de datos, siempre que existan redes, permisos, planificación territorial y estándares ambientales que garanticen beneficios locales y no nuevos modelos de extractivismo abusivo.

Stanford en su informe AI Index Report 2025, documenta que el costo de operar IA al nivel de GPT-3.5 cayó más de 280 veces entre 2022 y 2024. La inteligencia se abarata; lo escaso, lo verdaderamente estratégico a escala país, será la infraestructura que la sostiene.

Quizá ese sea el punto que en ninguna circunstancia debemos perder de vista. Construir esta infraestructura no es un fin en sí mismo: es el andamiaje clave sobre el que se prestarán la salud, la educación, la justicia y los servicios públicos del futuro. El Estado que visualice la IA como un puerto, una represa o una red eléctrica —algo que se planifica, se protege y se pone al servicio de la gente— habrá comprendido lo esencial. La soberanía del siglo XXI no se medirá solo en territorio ni en reservas, también se valorará en la capacidad de decidir, con manos propias, sobre la inteligencia que habremos de habitar.