Por Matías Bordaberry

El proyecto de creación de un comisionado parlamentario para la primera infancia abre una pregunta más amplia sobre el funcionamiento del Estado uruguayo: ¿por qué el sistema político haría caso a este organismo de contralor cuando muchas veces ignora a los ya existentes?

En principio, la iniciativa parece razonable. Uruguay enfrenta problemas claros en infancia: pobreza persistente, dificultades de coordinación institucional, rezagos educativos, violencia y profundas desigualdades territoriales. Tener un organismo dedicado a monitorear políticas públicas, denunciar incumplimientos y mantener el tema en agenda parece, al menos en teoría, una buena idea.

El problema aparece cuando vemos que ya existe un organismo como el INDDHH que se ocupa de ello y no logra sus cometidos. Si este organismo no es escuchado o los problemas que denuncia no son solucionados, ¿por qué uno nuevo cambiaría esa dinámica? ¿Qué facultades tendría este organismo para lograr lo que los otros no?

Si miramos la experiencia del país con otros organismos de contralor y regulación, observamos que históricamente hemos creado instituciones que, en los papeles, deben controlar al poder político, pero que en la práctica terminan funcionando más como observadores de lujo o asesores técnicos que como verdaderos órganos de fiscalización. Sus informes, advertencias y recomendaciones parecen valer solo cuando coinciden con lo que el poder político ya estaba dispuesto a hacer. Cuando no es así, se los deja de lado y, peor aún, se asegura que sus decisiones no sean vinculantes y que el incumplimiento no tenga sanción.

Ejemplos sobran. La Corte Electoral arrastra limitaciones históricas que afectan su capacidad para controlar a partidos y campañas. Los fallos y observaciones del Tribunal de Cuentas son ignorados con frecuencia cuando resultan incómodos para la administración de turno. Organismos como la URSEA, el Consejo Fiscal Asesor y otras agencias producen informes y recomendaciones que muchas veces no se cumplen si eso implica arriesgar aprobaciones o elecciones.

En el fondo, toleramos que existan organismos de contralor, siempre que no molesten demasiado el plan de turno. Políticos que hablan de crear organismos de control hay muchos. Políticos realmente dispuestos a ser controlados parecen ser bastante menos.

Dado que estamos discutiendo la creación de un nuevo comisionado parlamentario, la experiencia del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario resulta particularmente útil para analizar este problema.

Juan Miguel Petit probablemente sea la figura de contralor más respetada de los últimos años. Fue reconocido transversalmente por oficialismo y oposición, sostenido en el cargo pese a los cambios de gobierno, valorado por organizaciones civiles y respaldado por su equipo. Sus informes sobre el sistema penitenciario fueron exhaustivos, rigurosos y profundamente humanos. Documentaron hacinamiento, violencia, falta de rehabilitación, problemas sanitarios, ausencia de tratamiento de adicciones y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Sin embargo, la situación estructural del sistema penitenciario sigue siendo crítica. Las cárceles continúan saturadas. Persisten condiciones incompatibles con estándares mínimos de derechos humanos. Los problemas de violencia, reincidencia y deterioro institucional siguen presentes.

Surge entonces una pregunta incómoda: si el diagnóstico era tan claro y el trabajo del comisionado fue tan reconocido, ¿por qué los cambios reales fueron limitados?

La primera respuesta es evidente: no existía ningún tipo de sanción frente al incumplimiento de sus recomendaciones y las acciones dependían completamente del sistema político. Un sistema político de todos los colores que no encontraba demasiados incentivos electorales para convertir al sistema penitenciario en prioridad. Los organismos de control tienden a ser eficaces cuando logran transformar incumplimientos técnicos en costos políticos, administrativos o institucionales. Y en el caso del comisionado parlamentario para las cárceles esto quedó claro: sus informes eran destacados, discutidos y elogiados, pero el sistema político podía ignorarlos sin enfrentar consecuencias reales. Sin capacidad de incidencia, el control institucional corre el riesgo de transformarse en una sofisticada producción de recomendaciones.

Existe una diferencia importante entre cárceles e infancia. Invertir en el sistema penitenciario tiene bajos incentivos electorales. Hablar de presos rara vez genera rentabilidad política. La infancia, en cambio, tiene una centralidad política mayor. La pobreza infantil parece interpelar moralmente a la sociedad de otra manera. Un niño durmiendo en piso de tierra conmueve mucho más que un preso muriendo calcinado en una cárcel, aunque ambas situaciones representan fracasos graves del Estado y de las políticas públicas.

Eso podría darle al futuro comisionado de primera infancia una capacidad de incidencia mayor a la que tuvo el comisionado penitenciario, aunque se deba a los incentivos políticos de los partidos para cumplir con su propia agenda, y no a su institucionalidad.

La pregunta de fondo permanece: ¿estamos realmente dispuestos a que exista un organismo que marque sistemáticamente los errores de las políticas de infancia, incluso cuando sus informes contradigan al gobierno de turno, a los partidos políticos o a los propios programas electorales? ¿Estamos preparados para aceptar diagnósticos incómodos y admitir equivocaciones? ¿A diseñar e implementar políticas que tal vez no sean las que quieren los políticos con tal de cumplir con estas observaciones?

Uruguay ya tiene demasiados organismos que observan mucho, diagnostican sistemáticamente y cambian demasiado poco. Tal vez ya sea hora de discutir si realmente queremos que controlen o simplemente que nos relaten el partido. En resumen: que existan, pero no molesten.