Por Fernando Pignanelli

Vivimos en una era de profundas contradicciones globales. Por un lado, se nos impone la obligación científica de descarbonizar nuestras matrices energéticas. Por el otro, la revolución tecnológica -impulsada por la expansión masiva de centros de datos para Inteligencia Artificial (IA), redes de conectividad y la inminente electrificación del transporte- está disparando la demanda eléctrica a niveles sin precedentes históricos. Intentar resolver esta ecuación confiando exclusivamente en energías renovables variables (como la solar y la eólica) es un voluntarismo político que puede chocar de frente contra la realidad. La ciencia es clara: si queremos una energía limpia, abundante, barata y con estabilidad de base, la energía nuclear no puede ser una opción a descartar de plano.

Desde una perspectiva estrictamente técnica, la densidad energética del uranio casi no tiene rival. La fisión nuclear libera una cantidad de energía por unidad de masa que supera por órdenes de magnitud a cualquier reacción química. Una sola pastilla de combustible de uranio (de apenas unos gramos) genera la misma energía que 3 barriles de petróleo, una tonelada de carbón o 480 metros cúbicos de gas natural.

Esto se traduce en una huella de carbono prácticamente nula durante su operación y un uso de suelo drásticamente menor al de los extensos parques eólicos o solares. Pero su mayor virtud es el factor de capacidad: las centrales nucleares operan por encima del 90% del tiempo, ajenas a si el viento sopla o el sol brilla, aportando la estabilidad de red que las industrias y los servidores de datos críticos necesitan para operar adecuadamente.

El caso de Alemania: un grave error estratégico

Quienes dudan de los riesgos económicos y ambientales de darle la espalda a la física de partículas, tienen en Alemania un caso de estudio paradigmático. Bajo el influjo del pánico posterior al accidente de Fukushima, el gobierno alemán tomó en mayo de 2011 la drástica decisión de acelerar el plan de apagón nuclear (Energiewende), fijando el cierre definitivo de sus reactores. Este proceso, que se inició prohibiendo y desconectando plantas de forma inmediata ese mismo año, culminó formalmente en abril de 2023 con el apagado de sus últimos tres reactores operativos.

Las consecuencias para la locomotora económica de Europa han sido devastadoras. Al retirar una fuente de energía de base barata y baja en emisiones, Alemania se vio obligada a una doble e incómoda dependencia: quemar carbón (lignito) y depender del gas natural importado (principalmente desde Rusia, antes de la invasión a Ucrania en 2022). Estudios recientes de consultoras internacionales revelan que, si Alemania hubiera mantenido operativo el parque nuclear que tenía en 2010, el precio medio de la electricidad en el país habría sido un 23% inferior (unos 18 €/MWh más bajo).

Este encarecimiento e inestabilidad en los costos de producción industrial no fue gratuito; deterioró la competitividad de su sector manufacturero y químico pesado, empujando a la economía alemana a una persistente recesión y forzando la fuga de capitales hacia regiones con costos más competitivos. El daño ambiental también fue severo: de haber conservado sus plantas, la generación libre de emisiones habría rozado el 94%, en lugar de seguir atrapada en la quema de combustibles fósiles para sostener el sistema.

¿En qué situación se encuentra Uruguay?

Uruguay suele ser elogiado a nivel internacional por su primera transición energética, habiendo logrado que un alto porcentaje de su matriz de generación eléctrica provenga de fuentes renovables (hidroeléctrica, eólica y biomasa). Sin embargo, nuestro marco jurídico nos deja fuera de la posibilidad de explorar la alternativa mencionada previamente. El artículo 27 de la Ley N° 16.832, promulgada en junio de 1997, prohíbe explícitamente el uso de energía de origen nuclear en el territorio nacional, impidiendo incluso a los agentes del mercado realizar contratos de abastecimiento con generadores nucleares extranjeros.

En el contexto de 1997, la ley respondía a temores tecnológicos del siglo pasado. En la actualidad, este marco es un anacronismo legal que puede limitar nuestra soberanía y desarrollo futuro en tendencias emergentes. La tecnología nuclear está evolucionando recientemente hacia los Reactores Modulares Pequeños (SMR, por sus siglas en inglés), sistemas diseñados en fábrica, con características de seguridad pasiva (que se apagan solos sin intervención humana ni energía externa ante un fallo) y cuyas potencias (entre 50 y 300 MW) podrían adaptarse a la escala de la red eléctrica uruguaya.

Si el Uruguay aspira a convertirse en un hub tecnológico regional, atrayendo datacenters a gran escala de gigantes tecnológicos, no puede descartar alternativas como esta para aumentar su oferta energética. Tengamos en cuenta que, un solo datacenter moderno de IA puede consumir la misma energía que una ciudad pequeña. Si sumamos a esto la reconversión de nuestra flota vehicular hacia la electromovilidad y las sequías cada vez más frecuentes que afectan a nuestras represas hidroeléctricas, resulta evidente que alternativas con variabilidad en el suministro como la energía eólica y solar, pueden no ser suficientes.

Mantener una prohibición por ley sobre la energía más densa y limpia del planeta es negarse a debatir el futuro con datos científicos en la mano. Es hora de revisar la Ley 16.832, levantar el veto ideológico y permitir que la ciencia guíe nuestra estrategia de desarrollo para las próximas décadas. El progreso del país también depende de dejar de temerle al átomo y empezar a entenderlo.

Fernando Pignanelli

Doctor en Química por UDELAR