La discusión sobre la implementación de un impuesto del 1% a la riqueza para destinar lo recaudado a reducir la pobreza está generando debate público. La intención declarada por sus promotores —mejorar la distribución del ingreso— es válida y necesaria, pero la pregunta es si su implementación no reducirá los fondos que tendrá el Estado para distribuir, siendo peor el remedio que la enfermedad. En este sentido, el verdadero debate no debe ser ideológico, sino práctico. En primer término, es importante destacar que las personas con mayor poder adquisitivo son, en general, quienes más aportan en términos nominales al financiamiento del Estado a través del consumo de bienes valiosos gravados por el IVA e IMESI —que representan más del 50% de la recaudación en Uruguay—, tributos sobre inmuebles y vehículos de mayor valor; sus mayores salarios contribuyen más al IRPF o, en el caso de empresarios, tributan aproximadamente un 30% de sus ganancias entre el IRAE y el IRPF correspondiente a sus dividendos. Por tanto, la discusión debe plantearse de modo tal que el Estado no pierda esta recaudación fundamental para el cumplimiento de sus fines y, de ser posible, que esta se incremente como consecuencia del crecimiento del país en su conjunto. En segundo lugar, a nivel de política tributaria no es conveniente imponer tributos para fines específicos sin evaluar cuidadosamente sus efectos económicos y fiscales de mediano y largo plazo.

Específicos, sino establecer un sistema tributario que, de manera integral, genere equidad, justicia y eficiencia, y que provea recursos suficientes para el adecuado funcionamiento del Estado. Por tanto, sin desconocer posibilidades de mejora de nuestro sistema tributario, el planteo de crear un impuesto a los ricos para atender la pobreza no parece ser el mejor camino desde el punto de vista técnico. Por el contrario, los impuestos a la riqueza tienden a producir efectos contraproducentes. Un ejemplo ilustrativo es el caso de Francia, que instauró su impuesto sobre la fortuna (Impôt de solidarité sur la fortune, ISF) en 1989, dirigido a patrimonios superiores a un valor aproximado al millón de dólares, con tasas progresivas. Aunque en sus primeros años generó cierta recaudación, su efecto real fue mucho más costoso para el país, en la medida en que miles de millonarios abandonaron Francia, con la consecuente pérdida de recaudación fiscal. En 2017, el presidente Emmanuel Macron decidió eliminar el ISF, reconociendo que el impuesto a la riqueza estaba generando un daño económico mayor al beneficio recaudatorio. Si bien existen iniciativas para analizar nuevamente un impuesto de estas características, teniendo en cuenta los antecedentes, parece difícil su aprobación por parte del Parlamento francés.

En definitiva, para mejorar la calidad de vida de los uruguayos y reducir la pobreza no hay atajos. La forma sostenible de hacerlo pasa, fundamentalmente, por incrementar el Producto Bruto Interno (PBI) de nuestro país, contar con un Estado eficaz y eficiente, y generar posibilidades de empleo de calidad adecuadamente remunerado. Es esencial fortalecer las condiciones de inversión, tanto nacional como extranjera. Esto implica mejorar la previsibilidad macroeconómica, garantizar la seguridad jurídica, simplificar los marcos regulatorios y generar un horizonte de crecimiento sostenible. Los inversionistas —sean locales o internacionales— analizan las expectativas de rentabilidad en función del entorno económico; si este se percibe como hostil al capital o incierto en materia tributaria, es altamente probable que la inversión disminuya, con consecuencias negativas en el PBI y el empleo. Adicionalmente, más allá de los aspectos de fondo mencionados, la aplicación técnica de un impuesto a la riqueza presenta enormes desafíos. Valuar activos no líquidos, como inmuebles rurales, obras de arte, joyas, acciones no cotizantes o participaciones empresariales, es complejo, costoso y litigioso. También resulta difícil identificar y valuar activos como criptomonedas u otros instrumentos no tradicionales. Esto genera amplias oportunidades de evasión y una elevada carga administrativa para el Estado. El costo de implementar y fiscalizar el impuesto puede terminar siendo superior al beneficio fiscal que se obtiene, como ocurrió en varios de los países que finalmente optaron por eliminarlo. En conclusión, aunque compartimos el objetivo de lograr una sociedad más equitativa, el impuesto del 1% a la riqueza no es el instrumento adecuado para alcanzarlo. Su efecto sobre la inversión, el empleo y el crecimiento suele ser negativo, y su eficiencia recaudatoria, muy limitada. La experiencia internacional demuestra que el camino más efectivo para reducir la pobreza y mejorar el bienestar general es fomentar el crecimiento económico sostenible, crear empleos de calidad adecuadamente remunerados y generar un entorno favorable a la inversión. La equidad debe lograrse mediante un sistema tributario progresivo y eficiente, con un Estado capaz de utilizar y redistribuir adecuadamente los recursos, no con medidas simbólicas que terminan perjudicando más de lo que ayudan. En momentos en que necesitamos dar confianza para generar inversión y crecimiento en el país, imponer un impuesto a la riqueza sería un paso en la dirección equivocada. Ya lo es el propio anuncio de su discusión.

Eduardo Rodríguez. Contador Público — Universidad de la República. Máster Profesional en Dirección y Administración de Empresas por el IAE, Argentina. Ex Vice Director Ejecutivo — Uruguay XXI. Director — CEPP.