Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP)

“Uruguay, al igual que otras democracias, tiene la oportunidad de fortalecer el uso de herramientas digitales que incentiven una participación ciudadana más amplia, accesible y significativa.”

La percepción de que las decisiones políticas no reflejan las preocupaciones reales de la
población alimenta la desconfianza y la apatía frente a la democracia alrededor del mundo.
Uruguay a pesar de ser consistentemente de acuerdo a indices internacionales una de las
democracias liberales más sólidas, no escapa a esta situación. Recientes datos indican el
crecimiento de la apatía democrática y percepción de falta de oportunidades de incidir en las
políticas públicas. En este contexto, surge una pregunta central: ¿cómo revitalizar la
participación ciudadana y confianza en la democracia?
Innovaciones democráticas y nuevas formas de participación
En las últimas décadas se han propuesto diversas innovaciones democráticas orientadas a
ampliar y diversificar la participación ciudadana. Entre ellas se incluyen, las asambleas
ciudadanas conformadas por personas seleccionadas al azar, que debaten sobre políticas
ambientales, educación o el futuro del trabajo y proveen de recomendaciones para guiar las
acciones de las instituciones.[1]
El uso de la tecnología también ha ganado relevancia como una alternativa para ampliar la
participación democrática. Las e-peticiones buscan acercar a la ciudadanía a los parlamentos,
institución central de la democracia representativa. Aunque no son mecanismos de
democracia directa, ofrecen una oportunidad para empoderar a los ciudadanos, incorporar
temas al debate público y, en algunos casos, generar impactos legislativos concretos. [2]
Sin embargo, las e-peticiones también presentan desafíos. Si el sistema no es realmente
abierto o si el Parlamento no las considera, pierden rápidamente legitimidad. Además, existe
el riesgo de simplificar en exceso la política y de que la herramienta sea utilizada para
amplificar discursos populistas. Por último, en un contexto de creciente digitalización, es
fundamental adoptar estrategias inclusivas que garanticen el acceso de todos los ciudadanos.
[3]
Un caso reciente en Francia ilustra el potencial de las peticiones y tecnología para reactivar la
participación ciudadana. En julio de 2025, una estudiante de 23 años presentó una petición para derogar la Ley Duplomb, que reautorizaba el uso del pesticida acetamiprid, prohibido en
Francia por sus efectos negativos sobre la naturaleza y la salud humana. En solo dos
semanas, la petición reunió el apoyo de un millón y medio de personas, convirtiéndose en la
primera desde la creación del sistema en 2019 en alcanzar el umbral de 500.000 firmas
necesarias para ser debatida en la Asamblea Nacional. Un mes después, el Consejo
Constitucional anuló el artículo de la ley que permitía el uso del pesticida, al considerar que
violaba el derecho a vivir en un ambiente equilibrado. [4]
Las peticiones electrónicas parlamentarias se han convertido en una herramienta de
participación política en varias democracias. Sin embargo, no es un instrumento homogéneo,
como proponer una petición, los requisitos y efectos varían significativamente entre países.
La elaboración de la petición es un momento clave. Ejemplo de esto es Letonia, donde la
fundación ManaBalss.lv (Mi Voz) recibe las peticiones y ofrece apoyo legal en el diseño antes
de publicarlas. Mientras que en Estonia cuenta con un periodo de co-creación donde otros
ciudadanos pueden sugerir modificaciones.[5] Las peticiones deben ser dentro del mandato
parlamentario y no incluir elementos anti-democráticos.
El apoyo de la ciudadanía es otro punto fundamental para el funcionamiento de las peticiones.
En Letonia, por ejemplo, se requieren 10.000 firmas sin límite de tiempo. En Finlandia y
Dinamarca el umbral es de 50.000 firmas, en ambos países deben reunirse en un plazo
máximo de seis meses. En el Reino Unido, una petición necesita el respaldo de 100.000
ciudadanos para ser considerada por el Parlamento. En Alemania, los ciudadanos pueden
presentar una petición al Bundestag, que será tratada por el comité de peticiones si alcanza
30.000 firmas en un período de seis semanas. En ningún caso alcanzar el número de apoyos
requeridos implica que el parlamento está obligado a legislar, sino que la petición debe ser
analizada y debatida ya se a nivel de comisiones o en el pleno.[6]
Participación ciudadana en Uruguay
Uruguay es reconocido como una de las democracias más sólidas, con una larga tradición
liberal. Presenta altos niveles de apoyo a la democracia y un sistema de partidos fuerte e
institucionalizado. Además, se destaca a nivel internacional por el uso frecuente y efectivo de
mecanismos de democracia directa, como los referéndums de iniciativa ciudadana.[7]

Sin embargo, en los últimos años han aparecido señales de desafección y apatía democrática
también en Uruguay. Un dato relevante es la baja participación en las elecciones internas de
2024, que alcanzó solo al 35% del electorado, el nivel más bajo registrado. Esta tendencia se
refleja especialmente entre los jóvenes: solo el 5% de las personas de entre 14 y 29 años
participa en actividades políticas y apenas el 12,9% confía en los partidos políticos. Además,
más de la mitad de los jóvenes considera que un líder fuerte puede resolver los problemas de
la democracia y de las instituciones. [8] [9] [10] Aunque la mayoría de las personas considera
muy importante contar con instancias de participación directa en la definición de las políticas
públicas, el 55% de la población percibe que existe “poca” participación ciudadana
institucionalizada más allá de las elecciones nacionales.[11]
Aunque en Uruguay los mecanismos de democracia directa se utilizan con frecuencia y han
tenido efectos positivos, como reducir conflictos, moderar las políticas públicas y fortalecer la
rendición de cuentas, su puesta en marcha requiere altos niveles de organización y recursos.
Esto limita que ciudadanos individuales, sin apoyo institucional, puedan impulsar referéndums
u otras iniciativas. En la práctica, estos mecanismos han sido promovidos principalmente por
partidos políticos, sindicatos o grandes movimientos sociales, lo que reduce su carácter
“desde abajo” y su potencial como herramienta de participación ciudadana autónoma.[12]
¿Qué se puede hacer? El potencial de las peticiones parlamentarias en Uruguay
La buena noticia es que desde 2020 Uruguay cuenta con una herramienta de petición: el
Programa de Participación Ciudadana (PROPACI). Creado con el objetivo de acercar a la
ciudadanía al Parlamento y garantizar el derecho de petición establecido en el artículo 30 de
la Constitución. A través de PROPACI, los ciudadanos pueden presentar propuestas de
proyectos legislativos que se publican en línea y se envían a las comisiones parlamentarias
correspondientes. A fines de 2024, el sistema había recibido más de 600 propuestas
ciudadanas.[13] Recientemente la participación ciudadana a través de tecnología fue incluida
en el nuevo plan de gobierno abierto 2025-2029. [14]
A diferencia de otros países, en Uruguay los parlamentarios no están obligados a tratar ni
discutir las peticiones. Tampoco existen datos actualizados sobre el impacto legislativo de las
iniciativas presentadas. Además, el sistema no incluye mecanismos de adhesión ciudadana ni
ofrece apoyo técnico en la formulación de las propuestas.

Como resultado, muchas iniciativas son inconstitucionales o exceden las competencias del
Parlamento, lo que reduce su utilidad. La falta de información sobre si las propuestas fueron
analizadas por los legisladores también limita el potencial transformador de la herramienta.
Si bien la existencia de esta herramienta y el compromiso de las autoridades en mantenerla
son señales positivas, para reducir la apatía democrática y fortalecer el espacio cívico es
necesario garantizar que las herramientas digitales ofrezcan oportunidades reales para toda
la ciudadanía y que exista una respuesta institucional.
El Parlamento uruguayo tiene una oportunidad concreta de fortalecer una herramienta ya
existente y consolidarla como una vía efectiva de participación ciudadana. Para lograrlo, es
necesario avanzar en una reforma del sistema de peticiones parlamentarias que mejore su
diseño institucional y aumente su impacto.
En primer lugar, es fundamental mejorar la calidad y viabilidad de las propuestas
presentadas. Para ello, la plataforma podría incorporar mecanismos de asistencia técnica y
legal que orienten a los proponentes y aseguren que las iniciativas se encuadren dentro de
las competencias del Parlamento, siguiendo experiencias como la de Lituania. Este apoyo
permitiría reducir la presentación de propuestas inviables y fortalecer el sentido del
mecanismo.
En segundo lugar, el sistema debe fomentar una mayor deliberación ciudadana. Una vez
publicadas, son necesarios espacios para que otros ciudadanos puedan comentar, sugerir
mejoras o aportar ideas, como ocurre en países como Alemania o Estonia.
Tercero, para incentivar una participación más amplia y sostenida, resulta clave incorporar
mecanismos de apoyo ciudadano. La introducción de un sistema de firmas digitales, utilizando
las herramientas de gobierno abierto ya disponibles, permitiría visibilizar el respaldo social de
las iniciativas. El establecimiento de un umbral mínimo de apoyos garantizaría que aquellas
peticiones que alcancen un nivel significativo de adhesión sean obligatoriamente analizadas y
debatidas, ya sea en comisiones temáticas o en el plenario.
Para asegurar una adecuada recepción institucional, podría considerarse la creación de una
comisión parlamentaria de peticiones, como existe en otros parlamentos.

Esta instancia permitiría dar seguimiento sistemático a las iniciativas ciudadanas, aumentar la
transparencia del proceso y fortalecer la rendición de cuentas sobre el destino de las
propuestas presentadas.
El conocimiento ciudadano de la herramienta es fundamental para su funcionamiento. En
2024, el Parlamento, junto con la Unión Europea e International IDEA, llevó adelante
actividades dirigidas especialmente a jóvenes para aumentar el conocimiento de la
plataforma. [15] Sin embargo, el hecho de que las encuestas indiquen que la mayoría de la
ciudadanía no conoce herramientas de participación distintas a las elecciones nacionales
refuerza la necesidad de que el Parlamento continúe y profundice la difusión masiva de la
plataforma de peticiones.
En definitiva, Uruguay, al igual que otras democracias, tiene la oportunidad de fortalecer el
uso de herramientas digitales que incentiven una participación ciudadana más amplia,
accesible y significativa. Las peticiones parlamentarias no sustituyen a la democracia
representativa ni a los mecanismos de democracia directa, pero pueden convertirse en un
complemento relevante en el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones. Reformar y
fortalecer este sistema será determinante para que estas herramientas contribuyan
efectivamente a reducir la apatía y a reforzar la confianza en que todos los ciudadanos
pueden participar de la vida democrática.

Ronald Trenchi
Phd (c) in Polítical Science
University of Delaware