Por: Carlos Tessore y Carlos Petrella

Muchos somos los que estamos convencidos de que el modelo democrático es la respuesta
adecuada a las necesidades de la sociedad, con todos los desafíos que plantea. Sin embargo,
nos preocupa ver algunas de sus debilidades, que al no ser atendidas han dado lugar a
cuestionamientos, los que algunas veces derivan en expresiones autoritarias para enfrentar la
ansiedad y la fragilidad de los tiempos con los que hoy convivimos, con una buena dosis de
angustia.

El desarrollo del modelo democrático de cara a las exigencias del siglo XXI enfrenta desafíos
significativos, pero también ofrece oportunidades para fortalecer el sistema de gobierno que
necesitaremos en las próximas décadas. Desafíos y oportunidades que están en nosotros
capitalizar para darle sustentabilidad y resiliencia al sistema. Aun cuando puede pensarse en
muchos aportes, las sugerencias sustantivas giran en torno a tres ejes principales: la
ampliación de la participación, el fortalecimiento institucional y el desarrollo de la ética
democrática.

Puede que nuestros abuelos y padres se hayan sentido satisfechos con solo ejercer el voto
regularmente para rectificar el rumbo de ciertas políticas públicas. Nosotros hoy pensamos
que eso es necesario. Pero con un mundo tan dinámico y cambiante, puede no ser suficiente.
Hay que buscar ventanas de oportunidad para realizar correcciones, sin tener que esperar a
nuevas elecciones nacionales para encarar el próximo recambio gubernamental. Eso
demanda contar con un sistema ágil, flexible y adaptable, lo que requiere mucho esfuerzo.

Una cuestión parece confirmarse. La transformación de la democracia ante los cambios del
siglo XXI debe trascender la visión de la democracia puramente representativa basada sólo en
el voto ciudadano para el recambio de sus representantes, incorporando mecanismos que
profundicen la democracia participativa. Es necesario innovar en la participación directa de la
ciudadanía, integrando, por ejemplo, el desarrollo de herramientas de democracia digital.

Los gobiernos nacionales a veces no lucen tan cercanos a las necesidades de la población.
Incluso en Uruguay, que tiene gobiernos de cercanías. Hay que poner un poco más de
claridad en las actuaciones. Sobre todo, cuando notamos que algunos de nuestros
representantes parecen olvidarse de que deben, precisamente, representarnos y deben
hacerlo más allá de todas las dudas legítimas sobre eventuales conflictos de intereses. Todo
debe estar contemplado, el corto plazo, mediano y largo plazo. Si nos olvidamos de los
equilibrios temporales, posiblemente podamos estar en problemas más temprano que tarde.

Para hacer frente al desencanto y la desconfianza sobre el gobierno de los estados-nación
democráticos, es crucial modernizar y robustecer las instituciones de soporte del sistema. Un
camino posible pasa por establecer estándares rigurosos de transparencia y rendición de
cuentas en todos los niveles de gobierno. Además, resulta imperioso fortalecer los órganos de
control y fiscalización, contemplando contralorías y defensorías.

Hemos visto como algunos administradores pícaros ayudan a los partidos políticos a
conseguir fondos para poder funcionar. Eso no es bueno, porque sabemos que la picardía a
veces se vuelve algo más oscuro y hasta delictivo. No es bueno que alguien se apropie de lo
que es de todos, para desviarlo con el propósito de que los usen sus compañeros, aun con la
mejor de las intenciones. No se trata de un asunto menor, sino de algo importante que no
debería tolerarse. La corrupción legal y ética es la peor enemiga de la sostenibilidad y
resiliencia del sistema. Los riesgos son muy significativos.

Hay otro aspecto que sobrevuela y frecuentemente se soslaya en la exigencia ciudadana de
mejora de los sistemas democráticos. Nos referimos a acciones para mejorar la calidad de la
representación política. En esa línea, sería bueno considerar reformas electorales
(financiamiento de campañas, sistemas de votación) para reducir la influencia del dinero en la
política y lograr que los cuerpos legislativos sean más representativos de la diversidad social.

La pobreza y la desigualdad, no son algo que les pasa a otros. Les pasa a todos los
uruguayos, sean más o menos pudientes. La pobreza y la desigualdad deberían ser algo que
nos aflija a todos los uruguayos por igual y que nos ocupe. El sistema democrático tiene que
entender este enorme desafío y encontrar respuestas. Un rancho de lata con piso de tierra o
una persona hambrienta es una herida abierta en la convivencia.

Agregamos que no todo mejorará atendiendo cuestiones meramente procedimentales sobre
la democracia. Valen además los aportes con foco en lo esencial. La democracia sustantiva
no sólo es procedimental, sino que implica buscar una reducción real de la pobreza y la
desigualdad. Sobre esa base, es necesario asegurar el cumplimiento de los derechos
económicos, sociales y culturales para lograr una participación ciudadana plena y efectiva.

Cuando un niño uruguayo tiene problemas de comprensión lectora, es un asunto de todos. Si
ese niño tiene dificultades graves de aprendizaje, posiblemente se le cierren las puertas del
mercado laboral. Buscará opciones marginales de supervivencia y posiblemente sea tentado
por delincuentes, que lo hagan entrar en una escuela fantasma en que se lo entrenan para
engañar, robar o matar. Hoy, en Uruguay, la seguridad pública tal vez sea el eje de muchos
cuestionamientos de la democracia como sistema.

El modelo democrático necesita un soporte cultural y ético que promueva la conciencia cívica
de los problemas de los ciudadanos más desprotegidos. Esto lleva a la necesidad de
reimpulsar la educación para la ciudadanía desde temprana edad, enfocada en el
pensamiento crítico, la tolerancia y el respeto por el pluralismo en sus más grandes
dimensiones. Aparece también la necesidad de la promoción de medios de comunicación
responsables e independientes.

Los líderes actuales no son más que parte de nosotros mismos. Reflejan nuestros intereses y
amplifican nuestras virtudes y, desde luego, evidencian nuestros defectos. Todos queremos
ser libres y que nos molesten lo menos posible cuando intentamos sobrevivir y prosperar.
Pero eso no implica que los políticos tengan permiso para hacer lo que se les antoje, como
una especie de “agentes 007” al servicio de sus mandantes.

Entendemos que será necesario promover un liderazgo político más virtuoso, capaz de
conjugar la libertad individual con la responsabilidad social y los derechos de las
generaciones futuras (sostenibilidad). Es necesario aprender a gestionar los conflictos de
valores y el pluralismo moral sin recurrir a la coerción o la polarización extrema, fortaleciendo
la capacidad de los ciudadanos y líderes para justificar demandas y deliberar en público,
buscando acuerdos.

No es bueno que esos representantes operen como mecanismos de reacción irreflexivos ante
nuestras demandas de corto plazo. Si la mirada es exclusivamente cortoplacista, deberemos
lidiar, más temprano que tarde, con los barros que los polvos están levantando. Hay

cuestiones que requieren considerar el mañana y a veces el pasado mañana, porque es
cierto que deberíamos aprender acerca de lo que necesitamos nosotros y también nuestros
hijos y nietos.

La sustentabilidad y resiliencia del sistema, tanto social como económico (y podría además
agregarse lo ambiental), es parte de un imperativo existencial que demanda una reforma
profunda del funcionamiento democrático. Para capitalizar estos aspectos, los aportes
renovadores de la democracia se deberían centrar en la necesidad de incorporar una visión
de largo plazo y ciertos mecanismos de adaptación, superando el mero cortoplacismo.

Por desgracia, la democracia contemporánea opera en ciclos temporales que son
extremadamente cortos, lo que dificulta abordar problemas que requieren décadas de trabajo,
como la desigualdad estructural. Ante esta cortedad de miras, aparece la necesidad de una
institucionalización de la perspectiva intergeneracional. Debe reivindicarse la consideración
del impacto en las generaciones futuras para establecer respuestas con “mirada larga”
.
Nuestros abuelos y nuestros padres vivieron en un mundo más estable y predecible. Un
mundo en que el futuro era una copia, más o menos retocada, del pasado. Una reacción
considerada entonces “rápida” se producía en meses o en años. Los procesos
transformadores de antaño generaban espacios políticos, económicos y sociales para que los
ciudadanos fueran acomodando el cuerpo, pero ahora esos tiempos se han acortado.

Como aporte de cierre de estas reflexiones consideramos que hay que aprender a adaptarse
a los contextos frágiles, ansiosos, no lineales e incognoscibles llamados BANI. Aparece
entonces la necesidad de reaccionar con agilidad sin perder la flexibilidad que son los
factores que le dan a la democracia, mayores posibilidades de sobrevivir. Para ello
consideramos que es esencial implementar reformas que permitan una toma de decisiones
más rápida e informada ante las crisis locales y los cambios globales.

Las transformaciones por venir en los sistemas democráticos de gobierno requieren el
desarrollo de una transición desde estructuras rígidas y jerárquicas a un modelo de
gobernanza más ágil, que combine la innovación tecnológica con la descentralización y la
deliberación continua. La agilidad requiere a su vez desarrollar una democracia mejor
diseñada para operar de manera inteligente y flexible en un mundo volátil, que nos recuerda
los desafíos de la fragilidad propia de los aspectos esenciales de los entornos BANI que
referimos.

Carlos Petrella
PhD – Universidad de Salamanca

Carlos Tessore
PhD – Virginia Polytechnic Institute and State University