Por: Eliana Gonzalez San Martin

Uruguay suele presentarse a sí mismo como un país con desacuerdos administrados, donde
las diferencias políticas no impiden la cooperación ni la continuidad de ciertas políticas
públicas. Esa imagen sigue teniendo fundamentos sólidos, pero hoy convive con
transformaciones más sutiles en la manera en que se discute lo político. No se trata tanto de
un aumento abrupto del conflicto ni de una ruptura de consensos básicos, sino de cambios
graduales en el lenguaje, los tonos y las disposiciones hacia el otro. Explorar estas
transformaciones importa no solo por una preocupación hacia los modales discursivos, sino
porque las formas de discutir inciden (de manera indirecta pero persistente) en la capacidad
del sistema político para diseñar, implementar y sostener políticas públicas.

La política democrática nunca fue un ejercicio en armonía ya que siempre implicó conflicto,
persuasión y competencia. Lo que sí está cambiando (de manera más sutil pero persistente)
es el lugar que ocupa el lenguaje en ese conflicto. Cada vez con mayor frecuencia, estamos
construyendo un tipo de lenguaje que deja de ser un medio para disputar ideas y pasa a
funcionar como un arma para destruir o desacreditar. En efecto, las personas dejan de ser
consideradas adversarias y pasan a ser enemigas, y para eso se utiliza un tipo de retórica
diferente, no orientada al intercambio, sino a la descalificación. No se discute tanto qué se
propone, sino desde dónde se habla y a qué grupo político pertenece. En este
desplazamiento, el adversario comienza a ser percibido menos como alguien con quien se
discrepa y más como alguien frente al cual hay que tomar distancia. Este punto es clave,
porque el diálogo tiende a debilitarse incluso antes de comenzar, no por falta de argumentos,
sino porque se presume de antemano la “mala fe” de quien piensa distinto. Las palabras se
utilizan para deslegitimar, ridiculizar o moralizar al otro, dejan de utilizarse para discutir
políticas y empiezan a funcionar como marcadores de pertenencia y exclusión.

Es decir, las posiciones ya no se construyen a partir de argumentos, sino que se presuponen
según la ubicación política. Estar de un lado implica, casi automáticamente, sostener ciertas
creencias y rechazar otras. Esa lógica reduce el espacio para el matiz y vuelve cada vez más
difícil el diálogo entre quienes se ubican en veredas distintas. Este modo de entender la
política no se explica solo por diferencias ideológicas, sino por la carga emocional que se
proyecta sobre el otro, por lo que el problema deja de ser qué se discute y pasa a ser con quién. Ese es precisamente el núcleo de la polarización afectiva.

La polarización afectiva no es necesariamente una radicalización ideológica ni un aumento en
las diferencias programáticas. Se trata de un tipo de polarización en el que lo que se
intensifica no son tanto las ideas, sino la carga emocional asociada a la pertenencia política,
esto es, afectos positivos hacia el propio grupo y emociones negativas hacia quienes quedan
fuera de él. Aun cuando las posiciones sustantivas no se vuelvan más extremas, el adversario
político deja de ser alguien con quien se puede disentir y negociar, para convertirse en
alguien en quien no se puede confiar ni escuchar, alguien a quien ya no se reconoce como
interlocutor válido. Cuando eso ocurre, el desacuerdo político deja de operar sobre
argumentos y pasa a organizarse sobre desconfianzas y rechazos personales, entonces no
hay nada que negociar, corregir o pactar; y esto genera consecuencias directas para la
capacidad de construir, sostener y evaluar políticas públicas.

Uruguay se presenta como un país de baja polarización ideológica. La estabilidad del sistema
de partidos, la alternancia en el poder y una tradición de acuerdos básicos sostienen esa
imagen. Sin embargo, la evidencia reciente invita a matizar ese diagnóstico. Nuevos estudios
comparados como el de Moraes y Béjar (2024) sobre el caso uruguayo muestran que el país
registra niveles relevantes de polarización afectiva, incluso en un contexto donde las
distancias ideológicas no son particularmente pronunciadas. Lo que significa que el país no
está profundamente dividido en ideas, programas o posiciones ideológicas, pero sí muestra
divisiones emocionales y simbólicas entre identidades políticas.

Una encuesta reciente realizada por El Observador junto a académicos de la Unidad de
Métodos y Acceso a Datos (UMAD) de la Universidad de la República muestra que, si bien
muchas áreas presentan consensos amplios, existen ciertos temas que generan divisiones
nítidas y consistentes entre bloques políticos. Por ejemplo, ante la frase “A 40 años del fin de
la dictadura en Uruguay es momento de ‘dar vuelta la página’ incluso si eso implica dejar de
buscar a los desaparecidos”, sólo el 9,2% de los frenteamplistas está “bastante o muy” de
acuerdo, frente al 71,3% de los votantes de la Coalición Republicana. Otras cuestiones
vinculadas al feminismo o la percepción de sesgo ideológico en la Universidad de la
República o a la desigualdad ante la justicia también aparecen como algunos de los asuntos
más polarizantes en el electorado uruguayo. Esta polarización programática, conviene
aclararlo, no es en sí misma un problema. De hecho, puede ser una buena noticia ya que
indica que indica que los partidos no son intercambiables y que existen proyectos políticos diferenciados.
El desafío emerge cuando esas diferencias comienzan a cargarse afectivamente y a operar
como atajos cognitivos, es decir, cuando una política se evalúa menos por su contenido y más
por la identidad política de quien la impulsa.

Pensemos en cómo opera este mecanismo en la práctica cuando analizamos el debate en
torno a algunas políticas específicas. La discusión sobre la seguridad pública, por ejemplo,
tiende a desplazarse desde la comparación de estrategias, evidencia o resultados, hacia
oposiciones morales simplificadas (mano dura versus permisividad, orden versus derechos),
que moralizan el desacuerdo y empobrecen la discusión. Algo similar ocurre en el ámbito de
la política económica, donde debates sobre déficit fiscal, gasto público o endeudamiento
abandonan rápidamente el terreno técnico para convertirse en juicios sobre responsabilidad,
sensibilidad social o alineamientos ideológicos, reduciendo la disposición de acuerdos
interpartidarios en temas que requieren estabilidad y previsibilidad. En conjunto, estos casos
muestran cómo la polarización afectiva transforma problemas públicos en campos de disputa
simbólica, dificultando el diseño, implementación, evaluación y sostenibilidad de políticas.

La intención no es partir de un diagnóstico alarmista. Uruguay no está condenado a una
polarización afectiva extrema. Su tradición institucional, su sistema de partidos y nuestra
cultura política ofrecen recursos valiosos para contenerla. Pero estos recursos no operan
solos, requieren ser activados y defendidos. Recuperar prácticas deliberativas no significa
aspirar a consensos artificiales ni negar el conflicto; significa reconstruir modestamente reglas
mínimas del desacuerdo: el poder cuestionar una política sin deslegitimar a quien la propone,
poder repensar y ajustar una posición sin ser estigmatizado, poder disentir sin convertir al otro
en un adversario moral o “enemigo”.

Por otro lado, en un contexto en el que dar un buen discurso ya no garantiza que alguien esté
dispuesto a escuchar, el desafío es doble: cómo hablar y cómo escuchar. Estudios recientes
sobre interacciones políticas en las redes sociales permiten observar con claridad esta
dinámica. Aunque Uruguay mantiene una agenda relativamente compartida y un sistema con
pluralismo interno, las redes sociales muestran una escena distinta: una división nítida entre
oficialismo y oposición, con escasas interacciones cruzadas entre las élites políticas (se
siguen e intercambian menos).

Este escenario se complejiza aún más si tenemos en cuenta la existencia de ciertos actores
(con peso institucional relevante) que ocupan un lugar central en las redes radicalizando el
debate y habilitando un tono cada vez más áspero en la conversación política. Cuando ese
estilo se valida, se naturaliza y se vuelve rentable, el sistema político empieza a pagar costos
de coordinación.

Evidentemente, la polarización afectiva se reproduce por incentivos comunicacionales. En un
ecosistema altamente mediático y digital donde la visibilidad, viralización y la confrontación
generan réditos, los mensajes más duros tienden a amplificarse. Este entorno premia la
simplificación y penaliza la complejidad, empujando a los actores políticos a adoptar un tono
más categórico. El resultado no es solo un debate más áspero, sino un contexto menos
favorable para discutir políticas públicas que requieran explicar trade-offs, incertidumbre y
costos, elementos difíciles de transmitir en formatos dominados por la lógica del impacto
inmediato y por climas emocionales que tienden a deslegitimar el matiz, la duda o la revisión
crítica. Este último punto es clave, ya que este clima modifica la relación entre la ciudadanía y
las políticas públicas. Cuando el debate se organiza en clave afectiva, se debilita la
disposición social a tolerar políticas complejas, costosas o de largo plazo. Las expectativas se
vuelven más inmediatas y la paciencia frente a procesos graduales disminuye. En ese
contexto, corregir una política, reconocer errores o introducir ajustes puede ser leído no como
una mejora razonable, sino como una señal de fracaso o improvisación. Esto restringe la
capacidad del Estado para sostener políticas que requieren continuidad, aprendizaje y
adaptaciones sucesivas, aun cuando estén bien fundamentadas.

Este fenómeno no se da de manera abrupta ni espectacular, sino a través de pequeños
desplazamientos acumulativos. Las discusiones tienden a volverse más reactivas, los matices
se leen con ambigüedad y los ajustes de posición pueden ser leídos como señales de
debilidad. En este contexto, las políticas complejas (aquellas que requieren tiempo, evidencia
y acuerdos transversales) pueden enfrentar mayores dificultades para sostenerse porque se
reducen los márgenes de aprender, corregir y cooperar. Recordemos que los ámbitos donde
se diseñan y evalúan políticas públicas (centros técnicos, instituciones académicas, entre
otros) no son impermeables al clima del debate público. Cuando la desconfianza se
generaliza, existe el riesgo de que datos e informes dejen de ser percibidos como insumos
comprometidos para decidir y comiencen a leerse en clave partidaria. Por tanto, cuidar el
lenguaje público no es una cuestión de corrección política, sino una condición para que las
políticas públicas puedan construirse y sostenerse en el tiempo.

Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP)

Eliana Gonzalez San Martin
Licenciada en Ciencia Política – UdelaR

Referencias
(1) Juan A. Moraes and Sergio Béjar.

“Affective polarization in Latin America” Handbook of Affective Polarization (2025): 136-151.
https://doi.org/10.4337/9781035310609.00016

(2)https://www.elobservador.com.uy/nacional/feminismo-y-busqueda-desaparecidos-los-
temas-que-mas-dividen-los-votantes-uruguayos-n6012667

(3) https://nuso.org/articulo/polarizacion-redes-uruguay/