“El sistema penitenciario enfrenta un desafío que ya no puede seguir postergándose: su transformación integral es urgente e indispensable para reducir la criminalidad y contener el avance del crimen organizado.”

A pesar de contar con estabilidad política y desarrollo socioeconómico, Uruguay ha
experimentado un aumento significativo en sus índices de criminalidad desde el retorno a la
democracia. El país, tradicionalmente reconocido por sus bajos niveles de violencia, enfrenta
desde hace una década tasas de homicidio que duplican el promedio global y superan a la
mayoría de los países vecinos (UNODC 2023).Este fenómeno se enmarca en una tendencia
regional que ha transformado a América Latina en la región más violenta del mundo,
impulsada por el crecimiento de mercados ilegales, la corrupción y políticas de seguridad
populistas y equivocadas.
Aunque existen variaciones entre países, el homicidio se ha convertido en una preocupación
compartida en la región. En 2021, ocho de los diez países con mayores tasas a nivel global
pertenecían a nuestra región. En términos absolutos, Brasil, Colombia, Ecuador, México y
Venezuela concentran uno de cada cuatro homicidios del planeta. Incluso países
tradicionalmente considerados seguros han visto aumentos importantes: entre 2002 y 2022,
las tasas crecieron un 112% en Chile, 105% en Costa Rica, 89% en Ecuador y 60% en
Uruguay (UNODC 2025).
A pesar de este deterioro, Uruguay destaca en la región por la legitimidad de sus fuerzas
policiales y por las certezas que brinda su sistema judicial. La Policía Nacional del Uruguay es
una de las pocas fuerzas policiales de América Latina que se asemeja a los criterios de una
“policía democrática” (Bayley 1995). Es decir, una organización policial que rinde cuentas a la
ley y no al gobierno, protege los derechos humanos, está restringida en el uso de la fuerza y
tiene la protección de los ciudadanos como su máxima prioridad. El sistema judicial, por su
parte, goza de altos niveles de legitimidad, incluso habiendo transitado recientemente desde
un modelo inquisitivo a un proceso acusatorio. Más allá de críticas puntuales, se caracteriza
por la integridad de su impartición de justicia y por brindar amplias garantías para el
sostenimiento del estado de derecho.
El eslabón más débil del sistema penal uruguayo es sin dudas el sistema penitenciario, cuya
situación no solo contrasta fuertemente con los elementos ya mencionados, sino también con
nuestros niveles generales de desarrollo social y político. Tal como lo hiciera en 2009 el Relator de Naciones Unidas contra la Tortura, el Libro Blanco de Reforma Penitenciaria en
Uruguay (2024) define sus deficiencias como estructurales, marcadas por el hacinamiento de
varias unidades, la escasez general de recursos, y la incapacidad de brindar servicios
educativos y laborales, así como asistencia sanitaria y en materia de salud mental y
adicciones (Vigna 2024). Esta situación impide garantizar derechos básicos y trabajar por la
reinserción social.
Reformar el sistema penitenciario uruguayo implica un desafío complejo pero ineludible. A
pesar de los llamados a la acción, las carencias estructurales persisten y la inversión por
persona privada de libertad es cada vez menor, evidenciando la reticencia política y social a
adoptar reformas integrales y a largo plazo. En gran medida, ello se debe a la dificultad para
reconocer cómo sus carencias afectan de manera decisiva a la sociedad en su conjunto. Una
transformación efectiva del sistema penitenciario es un imperativo ético, pero sobre todo una
inversión indispensable para combatir la delincuencia de manera efectiva y evitar sus peores
consecuencias.
El indicador de reincidencia, medido por primera vez en 2022, revela que cerca del 65 por
ciento de los excarcelados vuelve a delinquir en un plazo de tres años. Esta cifra evidencia no
solo la ineficacia del sistema penitenciario en la resocialización, sino también su contribución
al aumento sostenido de la población carcelaria (Ministerio del Interior 2023b). Al igual que en
la mayoría de los países de América Latina, en Uruguay el número de personas privadas de
libertad experimentó un crecimiento constante y exponencial desde las últimas décadas del
siglo XX. Entre 2000 y 2023, mientras la población general creció un 2,8 por ciento, la
cantidad de personas privadas de libertad aumentó un 243 por ciento, alcanzando una tasa
de 432 reclusos por cada 100.000 habitantes, la más alta de América del Sur y la octava más
alta del mundo (World Prison Brief 2023).
Más allá de eso, ambos indicadores revelan cómo las carencias del sistema penitenciario se
han vuelto una de las principales causas de la inseguridad y el delito. De hecho, la mayoría de
las personas que delinquen hoy en nuestro país son el resultado esperable de esas
carencias. Como sugiere la evidencia internacional, la combinación de sistemas policiales y
judiciales robustos con un sistema penitenciario altamente deficiente genera un ciclo que
expande la población carcelaria y perpetúa el delito. Es la razón por la cual las políticas de
“mano dura” fracasan una y otra vez a lo largo y ancho de América Latina, sin que por ello se
deje de insistir en ellas.

La crisis carcelaria también impacta directamente en la marginalidad social, alimentando un
círculo vicioso entre el encarcelamiento y la exclusión. Los sucesivos relevamientos de las
personas en situación de calle no solo reflejan un aumento sostenido desde el primer censo
realizado en 2006, sino también que la mayoría de ellas tienen antecedentes penitenciarios y
problemas de adicción que se originaron o agravaron en prisión. En lugar de abordar estos
factores, el sistema actual agudiza la vulnerabilidad e impulsa el crecimiento de las personas
en situación de calle.
Por último, las condiciones críticas de las cárceles en América Latina han convertido a estos
espacios en incubadoras de crimen organizado, donde bandas criminales menores
evolucionan hasta convertirse en organizaciones capaces de disputar la autoridad estatal
abiertamente. El hacinamiento, el abandono y las condiciones inhumanas han demostrado ser
un caldo de cultivo ideal para la formación y el fortalecimiento de grupos criminales, que
explotan la desesperación de los presos para organizarse y reclutar a la población entrante.
Ya sea alimento, abrigo, seguridad o estupefacientes, los grupos criminales aprovechan las
economías criminales intracarcelarias para suplir las necesidades de los presos y expandirse.
Esta tendencia se ha ido imponiendo gradualmente en la mayoría de los países de la región.
En países como Brasil, Ecuador, Honduras o Venezuela, los Estados debieron ceder a
dinámicas generalizadas de gobernanza criminal con organizaciones delictivas que surgieron
y se expandieron desde las cárceles. En otros, como Bolivia, Chile, Colombia o Perú, las
fuerzas de seguridad ya han debido intervenir o declarar estados de emergencia carcelaria
para combatir a grupos criminales que dominan su funcionamiento y empiezan a disputar
otras áreas. Aunque también son fundamentales, es crucial comprender que este fenómeno
no se previene con mayor control y seguridad. Las situaciones son heterogéneas, pero las
causas son las mismas: prisiones abandonadas que no suplen las necesidades básicas de
los penados, lo que los lleva a organizarse para sobrevivir en contextos de hacinamiento y
políticas de segregación.
La evidencia es contundente y confirma la necesidad impostergable de emprender reformas
que prioricen la rehabilitación y la prevención del delito. El sistema penitenciario enfrenta un
desafío que ya no puede seguir postergándose: su transformación integral es urgente e
indispensable para reducir la criminalidad y contener el avance del crimen organizado. Se
trata de una política de Estado que debe proyectarse a largo plazo y que exige que todos los partidos políticos asuman la responsabilidad, tanto por lo que no se hizo en el pasado como
por la acción que corresponde en el presente.

Dr. Diego Sanjurjo
Encargado de Gerencia
Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA, Ministerio del Interior)

Referencias
Bayley, David H. 1995.
“A foreign policy for democratic policing”
. Policing and Society 5 (2): 79–93.
Ministerio del Interior. 2023.
“Reincidencia penitenciaria”
. Montevideo: Ministerio del Interior.
https://shorturl.at/aCY28.
UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). 2023.
“Global Study on Homicide 2023”
. Vienna:
UNODC.
UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). 2024.
“UNODC Statistics Online: Intentional
Homicide Victims”
. 2025. https://bit.ly/3jzk22w.
Vigna. 2024. Libro Blanco de Reforma Penitenciaria en Uruguay. Montevideo: Ministerio del Interior.
World Prison Brief. 2023.
“Highest to Lowest – Prison Population Total”
. London: Institute for Criminal
Policy Research. 2023. https://www.prisonstudies.org.